Albert advierte que la subida del SMI puede llevar al cierre de pymes y autónomos

La Comunidad de Madrid aguardará al proceso de tramitación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para valorar posibles medidas ante la obligación de tributar en el IRPF que recaerá sobre los trabajadores que perciban esta retribución tras el aumento aprobado por el Gobierno central.

El Ministerio de Hacienda confirmó la pasada semana que los trabajadores que cobren el SMI deberán tributar en el IRPF a raíz de la reciente subida de 50 euros mensuales aprobada por el Consejo de Ministros, que sitúa el salario mínimo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Esta decisión implica que los empleados que perciban el SMI superarán el umbral que exime de retenciones, lo que supondrá un nuevo golpe fiscal para los trabajadores más vulnerables.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha declarado este lunes que el Gobierno regional analizará las medidas a tomar una vez avance la tramitación del decreto que regula el incremento salarial.

"Esperaremos a toda la tramitación para poder tomar decisiones y ver si tenemos que tomar medida alguna", ha manifestado la titular económica madrileña en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

Albert ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por imponer la subida del SMI "sin diálogo social y de forma unilateral", advirtiendo que la medida podría asfixiar a pymes y autónomos.

La consejera ha sostenido que el aumento indiscriminado del SMI en todos los sectores puede conducir al cierre de negocios:

"Lo único que va a ocasionar es que las pymes y los autónomos cierren sus empresas", ha alertado Albert, recordando que cada sector tiene sus particularidades y que el alza del SMI no debería aplicarse de igual modo en todos los casos.

Desde la Comunidad de Madrid se insiste en la necesidad de proteger el tejido productivo y no imponer cargas fiscales ni laborales adicionales que perjudiquen la competitividad. La subida del SMI, combinada con la obligación de tributar en IRPF, podría convertirse en un obstáculo añadido para empresarios y trabajadores, especialmente en sectores con márgenes reducidos.

Albert ha reiterado que la posición del Gobierno autonómico es clara: incentivar la creación de empleo y aliviar las cargas fiscales a familias y empresas, evitando imposiciones que dificulten la actividad económica.