La pareja de Ayuso se acoge a su derecho a no declarar hasta conocer el alcance de la instrucción
Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la jueza Inmaculada Iglesias en la causa que investiga un presunto fraude fiscal y falsedad documental. La decisión ha sido tomada a instancias de su defensa, que argumenta que la investigación sigue sin esclarecerse mientras se espera la resolución de la Audiencia Provincial sobre la apertura de una pieza separada.
Sus abogados consideran que sin conocer el alcance definitivo de la instrucción, se vulnerarían los derechos de González Amador. Por ello, solicitaron la suspensión de la comparecencia, petición que fue denegada por la magistrada. No obstante, han anunciado que cuando se reciba el auto de la Audiencia, su cliente comparecerá de manera voluntaria.
La investigación, impulsada por un informe de la Agencia Tributaria, examina posibles irregularidades en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Según la jueza, el empresario habría dejado de ingresar a Hacienda 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021, valiéndose presuntamente de facturas falsas para reducir su carga tributaria.
La causa contra González Amador y otras cuatro personas incluye la investigación de un posible uso de una sociedad instrumental para ocultar ingresos procedentes del Grupo Quirón. A raíz de esto, la jueza abrió una pieza separada en octubre para determinar si se han cometido otros delitos distintos a los ya investigados.
La comparecencia de este lunes ha sido la cuarta suspensión de su declaración. Inicialmente programada para el 24 de junio, la citación se aplazó a petición de la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid, que solicitaron ampliar la investigación a raíz de nuevos indicios detectados en los informes de Hacienda.
En octubre, la jueza aludió a la existencia de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021, mediante la cual González Amador habría utilizado una empresa pantalla (Masterman S.L.) para desviar ingresos de un contrato con Quirón Prevención S.L..
La Fiscalía de Madrid mantiene la acusación por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, en un procedimiento que aún no ha definido su alcance total. Mientras se espera el pronunciamiento de la Audiencia Provincial sobre la ampliación de la investigación, la defensa de González Amador ha reiterado su disposición a declarar una vez que se aclare el objeto del proceso.
La jueza, por su parte, continúa recabando pruebas y testimonios para determinar si las presuntas irregularidades tributarias cometidas por la pareja de Ayuso configuran un delito penal o si podrían derivar en nuevas imputaciones.
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