La Comunidad de Madrid defiende su gestión tras la denuncia de abusos en el centro de Casa de Campo

La directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña, ha defendido la "respuesta inmediata" del Gobierno regional tras conocerse la denuncia de abusos sexuales en el centro de menores de primera acogida de Casa de Campo.

Durante su intervención en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea, Valmaña ha asegurado que, tras recibir la alerta, se abrieron diligencias de investigación, se despidió a las trabajadoras implicadas y se prestó atención psicológica a los menores afectados.

La denuncia se produjo el pasado 21 de octubre a través de una carta enviada a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en la que trabajadores del centro advertían de la existencia de abusos cometidos por empleados. El caso se hizo público a mediados de febrero tras la publicación de la información por parte del diario Público.

Desde la oposición, la portavoz socialista de Políticas Sociales, Lorena Morales, ha reprochado a la Consejería la tardanza en la actuación, recordando que han pasado cinco meses desde la recepción de la denuncia. "Estos niños son especialmente vulnerables y no pueden cargar ustedes con esa responsabilidad a un personal que no está formado", ha criticado Morales, reclamando protocolos y personal especializado para la detección y prevención de la violencia sexual en estos centros.

En la misma línea, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha denunciado el estado "deplorable" del centro de Casa de Campo, describiendo problemas como temperaturas cercanas a los 0 grados, ropa en mal estado, humedades, inundaciones, ventanas rotas y grietas alarmantes en las paredes. Además, ha cuestionado que la Fundación Antonio Moreno, encargada de la gestión del centro hasta hace un mes y vinculada a las denuncias de abusos, haya recibido otro contrato para dirigir el centro de La Cantueña.

Valmaña ha rechazado las acusaciones y ha subrayado que "no se puede responsabilizar a una organización por los hechos cometidos por un trabajador", insistiendo en que la Comunidad de Madrid ha actuado con diligencia para proteger a los menores.