Moncloa impulsa un registro de medios que obligará a revelar su financiación y propiedad
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, que prevé la creación de un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos y gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha explicado que este registro obligará a los medios a inscribir su estructura de propiedad y a declarar los fondos públicos, tanto nacionales como extranjeros, que reciban en concepto de publicidad institucional. Según el Gobierno, el objetivo es garantizar la pluralidad informativa y la independencia editorial, evaluando además los procesos de concentración de medios en España.
Transparencia y control de la financiación pública
López ha subrayado que el registro "no dependerá del Gobierno", sino que será gestionado por la CNMC, conforme a la normativa europea. "Los ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe y si se produce una concentración mediática", ha afirmado el ministro, justificando la medida en la necesidad de "transparencia absoluta".
El anteproyecto establece que los medios tendrán la obligación de mantener actualizada su información en el registro. Además, la CNMC contará con competencias para supervisar posibles concentraciones de propiedad que puedan afectar al pluralismo informativo.
Un marco normativo para los servicios digitales
La norma también refuerza la regulación de los servicios digitales en España. La CNMC será designada como coordinador de servicios digitales y trabajará con la Comisión Europea para garantizar que las plataformas y buscadores cumplan con el Reglamento de Servicios Digitales. Entre sus funciones, supervisará la moderación de contenidos, exigirá mayor transparencia en los algoritmos de recomendación y en la publicidad en línea, y velará por la protección de los consumidores en entornos digitales.
López ha destacado la importancia de esta ley en un contexto donde han surgido "retrocesos en sistemas de verificación y riesgos en el acceso a la información veraz". Aunque el ministro ha insistido en que el registro se ajusta a los requisitos de la normativa europea, ha reconocido que su aplicación en el ámbito digital plantea desafíos adicionales.
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