Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de querer controlar la Fiscalía Anticorrupción y socavar el Estado de derecho
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende “duplicar las competencias de la Fiscalía Anticorrupción” y “colocar afines” mediante el incremento del número de fiscalías de sala, con el objetivo de controlar la carrera fiscal desde sus órganos superiores hasta los escalafones más bajos. Así lo ha manifestado a través de sus redes sociales, donde ha advertido de una “demolición del Estado de derecho” que, a su juicio, debe ser detenida de inmediato.
“Han multiplicado el número de fiscalías de sala para colocar afines y que siga aumentando el número de fiscales de la máxima categoría, para pasar el rodillo en la Junta de Fiscales de Sala y controlar la carrera hasta abajo”, ha afirmado Ayuso. La presidenta madrileña ha enmarcado estas decisiones en una estrategia de control institucional impulsada desde el Ejecutivo central, que —según ha dicho— no busca garantizar la independencia del Ministerio Fiscal, sino someterlo a su dominio.
Estas declaraciones coinciden con la polémica suscitada tras la convocatoria, por parte del Ministerio de Justicia, de un concurso para la provisión de plazas en la carrera fiscal, entre ellas la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública. La Asociación de Fiscales (AF) calificó de “inconcebible” que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, vaya a decidir el nombramiento del candidato a este puesto, cuando está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos.
La AF considera que no es admisible que sea el propio García Ortiz quien designe al fiscal que deberá fijar criterios sobre delitos entre los que se encuentra precisamente el que le afecta a él, cuestionando la legitimidad del procedimiento y la neutralidad del proceso. El comunicado emitido por la asociación refleja la preocupación creciente dentro de la carrera fiscal por el riesgo de injerencias políticas en la labor del Ministerio Público.
Ayuso ha aprovechado este contexto para insistir en que las reformas impulsadas desde el Gobierno central están diseñadas para perpetuar un modelo institucional al servicio de intereses partidistas. La presidenta regional ha reiterado que estas maniobras representan un grave retroceso democrático y ha apelado a la ciudadanía y a los sectores judiciales independientes a alzar la voz frente a lo que considera un deterioro sistemático de las garantías del Estado de derecho.
