Nueva investigación judicial a González Amador el próximo 10 de abril
La magistrada Inmaculada Iglesias ha citado a declarar el próximo 10 de abril a Alberto González Amador, en calidad de investigado, en una pieza separada de la causa principal que instruye por un presunto fraude fiscal. En esta nueva línea de investigación se indagan posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, tras aceptar parcialmente la petición formulada por la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid.
La decisión de la titular del juzgado llega pocas semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid respaldara la apertura de esta pieza paralela. Los magistrados han estimado que, en el actual momento procesal, procede investigar si los hechos pueden constituir una infracción penal, al tratarse de operaciones económicas complejas en las que estaría implicada la sociedad Quirón Prevención como potencial perjudicada.
Los hechos investigados se centran en el uso de sociedades instrumentales, en particular la empresa Masterman S.L., a través de la cual se habría canalizado parte de un contrato de servicios entre la empresa de González Amador, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L., y Quirón Prevención S.L. Según la jueza, es necesario esclarecer si esta cesión parcial de contrato sirvió para ocultar ingresos que debían haber sido declarados.
La acusación popular sostiene que la operación presenta elementos propios de una simulación subjetiva, que podría constituir administración desleal o corrupción en los negocios, especialmente por el importe de 500.000 euros pagado por las participaciones de Masterman S.L., entonces propiedad de la esposa del presidente de Quirón Prevención.
Dicha cifra se considera sospechosa por haberse producido en un contexto en el que Masterman recibió la cesión de contratos adjudicados inicialmente a Maxwell Cremona. Además, la acusación apunta a la posibilidad de que se tratara de una contraprestación encubierta por una operación de intermediación en la que participaron otras sociedades y que reportó a Maxwell Cremona ingresos por más de dos millones de euros en 2020.
El empresario compareció ante la jueza el pasado 24 de febrero como investigado en la causa principal por presunto fraude fiscal, aunque se acogió a su derecho a no declarar. En aquel momento, su defensa alegó que debía esperarse a la resolución de los recursos presentados respecto a la admisión de la pieza separada, ya que los hechos investigados en esta última podrían condicionar la línea general de la instrucción.
La investigación por presunto fraude fiscal gira en torno a la utilización de una sociedad pantalla para desviar ingresos procedentes del Grupo Quirón. Según el auto de octubre en que se abrió la nueva pieza, esta sociedad instrumental habría servido para evitar la correcta tributación de las cantidades facturadas, lo que podría suponer un perjuicio tanto para la Agencia Tributaria como para la entidad contratante.
La apertura de esta pieza separada fue acordada tras estimarse parcialmente el recurso interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra un auto previo que denegaba todas las diligencias solicitadas por estas formaciones. La jueza, al aceptar la necesidad de investigar los nuevos hechos, señaló que se debe determinar si la intervención de González Amador, tanto en su nombre como en representación de su empresa, fue perjudicial para Quirón Prevención y si hubo connivencia con responsables de esta entidad.
