El Gobierno regional recurre al Constitucional el decreto sobre el reparto de menores extranjeros
La Comunidad de Madrid ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025 aprobado por el Gobierno central, que modifica la Ley de Extranjería para establecer nuevos criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. El Consejo de Gobierno ha encargado a la Abogacía General la formalización del recurso, al considerar que esta medida carece de justificación, vulnera principios constitucionales y se ha adoptado sin contar con las comunidades afectadas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado duramente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de aprobar este decreto con el único objetivo de asegurarse los votos de Junts en el Congreso. “No les interesa la atención de estos menores, lo que les interesa es garantizarse esos siete votos para seguir en La Moncloa”, ha afirmado, denunciando un reparto discrecional de competencias y responsabilidades que afecta directamente a los gobiernos regionales.
Según el informe jurídico elaborado por la Abogacía General, el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros invade competencias autonómicas exclusivas en materia de protección y tutela de menores, reconocidas estatutariamente. A ello se suma, según el texto, una vulneración de los derechos fundamentales de los menores, que quedarían sujetos a traslados según cuotas sin priorizar su interés superior ni garantizar la asistencia adecuada.
El Gobierno autonómico también señala que la medida incumple el principio constitucional de autonomía financiera, al no prever una aportación estatal suficiente para asumir el coste del acogimiento. Además, denuncia la ruptura del principio de lealtad institucional, al haberse adoptado el nuevo modelo sin diálogo previo con las comunidades y sin justificación técnica o jurídica del reparto impuesto.
Otro de los argumentos clave del recurso se centra en la utilización de la figura del real decreto ley, que la Comunidad de Madrid considera inadecuada por afectar a derechos fundamentales. Según subraya el Ejecutivo regional, esta reforma debería haberse tramitado mediante una Ley Orgánica, de acuerdo con los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución española. Además, critica que se invoque una supuesta urgencia cuando el propio decreto reconoce que el problema tiene una antigüedad de al menos ocho años.
La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores extranjeros no acompañados, y solo en lo que va de año, a un total de 937. Ante esta trayectoria, el Ejecutivo madrileño reivindica su experiencia en la materia y rechaza una distribución impuesta sin garantías ni respaldo económico.
