La Comunidad denuncia el colapso de sus centros por la llegada de menores migrantes
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha advertido este jueves de que las comunidades autónomas están alcanzando el “límite” en su capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados y ha exigido al Gobierno central un plan de actuación inmediato para afrontar esta situación. Según ha detallado, solo en 2024 la región atendió a 2.442 menores, y en lo que va de 2025 la cifra ya supera los 900, lo que evidencia —según la consejera— la creciente presión sobre el sistema autonómico de protección.
“Desde hace más de un año estamos sufriendo un impacto muy importante en nuestros centros debido a la política migratoria del Gobierno de España, una política prácticamente inexistente”, ha señalado Dávila en declaraciones a los medios. Ha adelantado que la Comunidad de Madrid trasladará estos datos al Ministerio competente, reclamando un reparto ordenado y legal, además de un marco de actuación nacional que permita a las autonomías planificar sus recursos.
Preguntada por las recientes críticas del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien acusó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de racismo en su gestión migratoria, Dávila ha rechazado tajantemente dichas afirmaciones. “El Partido Socialista lanza este tipo de mensajes para desviar la atención de la situación que está viviendo el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno”, ha respondido la consejera.
Ha defendido que el problema no reside en la actitud de las comunidades, sino en la falta de una política migratoria eficaz a nivel estatal. En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no esté trabajando con los países de origen para frenar la inmigración irregular, ni implementando mecanismos reales para garantizar la integración. “Los ministerios implicados no hacen nada”, ha zanjado.
En relación con los recursos disponibles, Dávila ha asegurado que la Comunidad de Madrid está preparada para responder a nuevos escenarios de presión asistencial. Así, ha apuntado que el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, podría ser ampliado en caso necesario. “Es una instalación que ya está construida y que garantiza la atención a los menores. Si este reparto ilegal se produce, tendremos que atenderlos porque tenemos esa obligación legal”, ha afirmado.
Desde el Gobierno regional se insiste en que la acogida de menores debe realizarse bajo criterios de legalidad y coordinación institucional, y no como una imposición desde el Ejecutivo central sin planificación ni diálogo previo con las comunidades afectadas.
