La Comunidad exige financiación para aplicar la Ley de Eficiencia de la Justicia
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este jueves el “ejercicio de responsabilidad” del Ejecutivo regional al exigir financiación específica para aplicar la Ley de Eficiencia de la Justicia. Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, García Martín ha rechazado las acusaciones de insumisión por parte del Gobierno central y ha reiterado el compromiso de la Comunidad con el cumplimiento de la ley.
García Martín ha lamentado que esta normativa, que define un ambicioso marco de transformación para el funcionamiento de la justicia en España, no venga acompañada de un respaldo presupuestario. Ha cifrado en 44 millones de euros los recursos necesarios para implantar las medidas contempladas en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo relativo a las oficinas judiciales municipales y los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos.
“El Gobierno presume de una norma ambiciosa, pero sin financiación queda reducida a fuegos artificiales”, ha criticado el consejero, que ha recordado que la Comunidad ha presentado un requerimiento formal previo a emprender acciones ante el Tribunal Supremo para exigir los fondos correspondientes.
El conflicto entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central se intensificó tras la conferencia sectorial celebrada el pasado viernes en Barcelona, donde los consejeros autonómicos del Partido Popular abandonaron la reunión al considerarla un “paripé” político. “Se ha hecho sin el Poder Judicial, que es quien debe aplicar la ley, y sin contar con las comunidades autónomas, que debemos implementarla”, ha denunciado García Martín, subrayando la ausencia de diálogo institucional real.
El consejero también ha arremetido contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien ha acusado de anunciar a bombo y platillo una asignación de 56 millones de euros a las comunidades sin aclarar los criterios de reparto ni los plazos de ejecución. García Martín ha ironizado llamando al ministro "Trolaños" y ha defendido que Madrid no actúa con insumisión, sino con responsabilidad institucional.
En esa línea, ha anunciado que este viernes mantendrá una reunión con alcaldes de la región para avanzar en la implementación de las oficinas judiciales municipales. “Estamos cumpliendo y liderando”, ha afirmado, asegurando que Madrid ya ha regulado mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos y nuevos baremos para el turno de oficio, mientras el Gobierno central “todavía no sabe cómo va a regular estas cuestiones”.
