Libertad de expresión (en Alcorcón)

Hace algunas semanas la política madrileña se removía de sus asientos escuchando al alcalde de Alcorcón, David Pérez, soltar por su boca comentarios fuera de todo acerca de las feministas. Incluso la Presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, le reprobó su actitud públicamente.

La izquierda más radical que okupa algunos ayuntamientos de la Comunidad asomó la cabeza para subirse al carro de las dimisiones. Incluso, el propio partido Ciudadanos de Alcorcón pide un gobierno popular para el municipio pero sin David Pérez.

Una vez realizadas las oportunas correcciones, de que sus superiores le enmendaran la plana y de que el propio implicado se disculpase, empieza a funcionar la maquinaria de la república bananera de España. Eso en lo que Podemos y sus secuaces quieren convertir a un país al que le costó ganar derechos después de la dictadura y que ahora ya no los valora.

La libertad de expresión es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Gracias a ese derecho podemos expresarnos líbremente y, gracias al sentido común, debemos hacernos cargo de nuestras opiniones. Pero, ¿hasta qué punto la opinión de un alcalde sobre un grupo es razón suficiente para forzar que deje el cargo?.

Si David Pérez deja el cargo de alcalde de Alcorcón, al que eligieron sus vecinos, estaremos incurriendo en un gravísimo delito de privación de libertad de expresión. Pérez debe asumir todas las responsabilidades por parte de su partido, disculparse y, hasta limpiar su imagen con el colectivo feminista si quiere, pero dejar el cargo como el de alcalde de Alcorcón es otra cosa.

Nos quejamos de los sistemas totalitarios de Cuba o Corea del Norte pero no vemos cómo en España se intenta amedrentar a los políticos exigiendo que dejen su cargo por expresar su opinión, en ocasiones, desafortunadas, pero suyas.