González Amador demanda a la ministra María Jesús Montero por intromisión en su honor
Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor. La acción legal se interpone tras las declaraciones realizadas por Montero el pasado 12 de marzo durante una sesión de control al Gobierno en el Senado.
La demanda se ha presentado por la vía civil después de que el acto de conciliación propuesto por González Amador el pasado 2 de octubre no prosperara, debido a la ausencia de la ministra. El empresario había solicitado una retractación pública y una indemnización de 40.000 euros por los comentarios de Montero, en los que cuestionaba la procedencia de los fondos para el pago del piso donde reside la pareja de Ayuso, insinuando que se financió con "fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones obtenidas durante la pandemia por la venta de mascarillas".
Montero señaló en sus declaraciones que la Presidenta del Gobierno regional debería dar explicaciones sobre el origen del dinero empleado para la compra del inmueble, insinuando la implicación de González Amador en prácticas fraudulentas. "Resulta llamativo que Ayuso tenga un hermano y ahora un novio vinculados a presuntos fraudes, ya sean de mascarillas, comisiones o cualquier otra cuestión", afirmó la ministra. Además, Montero instó a Ayuso a aclarar estas acusaciones "con normalidad", sugiriendo que es "rápida para responder" en otros asuntos, y se preguntó por qué no lo hacía en este caso.
Las declaraciones de Montero se produjeron tras una información publicada por eldiario.es, que revelaba una denuncia presentada por la Fiscalía contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros. El caso está siendo investigado actualmente por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
La ministra de Hacienda hizo referencia a esta investigación en sus comentarios, lo que, según González Amador, constituye una intromisión ilegítima en su honor y un intento de dañar su reputación pública. El empresario decidió entonces presentar la demanda, al considerar que las afirmaciones de Montero eran difamatorias y carentes de fundamento, según fuentes jurídicas.
