La Comunidad recurre la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo central por invasión de competencias y para defender el interés general de los madrileños frente a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática.

El recurso solicita además la suspensión cautelar del expediente administrativo que tramita el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática hasta que el Tribunal resuelva el conflicto de competencias. Los servicios jurídicos de la Comunidad advierten de los daños y perjuicios de imposible o muy difícil reparación que podría ocasionar esta declaración tanto para la administración autonómica como para el conjunto de los ciudadanos madrileños si se aprobase antes de que el alto tribunal se pronuncie.

El Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, fundamenta su recurso en la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, al entender que el título competencial que invoca el Ejecutivo de Sánchez para justificar la declaración es insuficiente. Los letrados madrileños argumentan que dicha competencia es de carácter ejecutivo y debe corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus facultades en materia de memoria democrática y patrimonio histórico-cultural. Por ello, el Ejecutivo autonómico considera que los artículos de la Ley de Memoria Democrática que atribuyen al Estado la capacidad para declarar unilateralmente Lugares de Memoria sin contar con las comunidades deberían ser declarados inconstitucionales.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que el Gobierno regional no permitirá que Sánchez siga "colonizando todas y cada una de las instituciones e imponiendo su visión sesgada y partidista de la realidad". García Martín ha calificado esta decisión del Ejecutivo central como una maniobra política que atenta contra las competencias de Madrid y ha insistido en que el edificio simboliza la historia común de todos los madrileños y españoles.

El procedimiento administrativo que ahora se cuestiona arrancó el pasado 24 de octubre de 2024, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución del Ministerio para incoar el expediente para la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Desde el primer momento, la Comunidad mostró su rechazo y presentó alegaciones en noviembre, criticando la falta de lealtad institucional del Gobierno central al no haber comunicado previamente su intención a la administración autonómica.

El Ejecutivo madrileño cuestiona además la justificación histórica de la medida, considerando que un periodo concreto y reducido de tiempo no puede borrar el significado global del edificio. Recuerda que la Real Casa de Correos, con más de 250 años de historia, ha sido oficina de correos, sede de la Capitanía General, del Gobierno Militar y del Ministerio de Gobernación, e incluso fue testigo de la proclamación de la Segunda República. También ha desempeñado un papel relevante en el levantamiento del 2 de Mayo de 1808 y, en la memoria colectiva, está vinculada a las tradicionales campanadas de fin de año y al Kilómetro 0.

La fachada del edificio alberga tres placas conmemorativas: una en homenaje a los héroes del 2 de mayo, otra a las víctimas de los atentados del 11-M y una tercera dedicada a los fallecidos por la pandemia del Covid-19. La sede de la Presidencia regional se trasladó a este edificio hace cuatro décadas y fue objeto de una remodelación integral en los años 90, que fue inaugurada por los Reyes de España.

Tras la admisión a trámite del recurso, el Tribunal Constitucional dará traslado del expediente al Gobierno central, al Congreso de los Diputados y al Senado para que presenten alegaciones antes de dictar sentencia.