Dávila acusa al Gobierno de colapsar los centros de menores tras la denuncia sobre Casa de Campo

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha informado este martes que tiene prevista una reforma integral del Centro de Primera Acogida de Casa de Campo, con una inversión superior a los cuatro millones de euros, después de que el Ministerio de Juventud e Infancia solicitara a la Fiscalía que investigue las condiciones del recinto.

La intervención comenzará este mismo año, según fuentes del departamento que dirige Ana Dávila, que han culpado al Gobierno central de haber saturado los centros de menores, lo que habría impedido acometer las obras antes.

"El Gobierno tiene fijación con Madrid para tapar su pésima gestión, que cuesta vidas", han reprochado desde la Consejería, al tiempo que han confirmado que estudian la reubicación temporal de parte de los menores para facilitar el inicio de los trabajos.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció en un mensaje en Telegram que había solicitado a la Fiscalía de Menores una investigación sobre las condiciones del centro, tras la publicación este lunes de unas imágenes en el diario 'Público' que mostraban graves deficiencias en las instalaciones.

Las fotografías revelaban humedades, grietas en las puertas, detectores de humo averiados, calefacción deficiente, ventanas rotas y falta de limpieza en el comedor.

Desde la Consejería de Familia han restado importancia a la denuncia, insistiendo en que la situación de los centros de menores se ha visto tensionada por la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (MENAs), lo que atribuye a la falta de una política migratoria eficaz por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Centro de Primera Acogida de Casa de Campo es uno de los principales recursos de la red autonómica para la atención inmediata de menores en situación de desamparo, desempeñando un papel fundamental en la protección de la infancia en riesgo.

La reforma anunciada por el Gobierno regional pretende modernizar las instalaciones y mejorar la calidad asistencial de estos niños y jóvenes, si bien la Comunidad de Madrid insiste en que las dificultades actuales derivan del colapso generado por la política migratoria estatal.