PP y Vox rechazan crear una tercera casilla de género en los formularios públicos
El Partido Popular y VOX han rechazado en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley presentada por Más Madrid para incorporar una tercera opción de género en los formularios y comunicaciones de la Administración autonómica, destinada a personas que se definan como no binarias. La iniciativa ha contado con la abstención del Partido Socialista.
La parlamentaria de Más Madrid Jimena González ha defendido su propuesta apelando a la necesidad de reconocer una "realidad que ya existe" y evitar dejar atrás a quienes no se identifican ni como hombre ni como mujer. Ha subrayado que las personas no binarias forman parte del espectro de las identidades trans y ha lamentado que este colectivo quedara excluido de la ley estatal trans y LGTBI aprobada en 2023, una norma que, según ella, fue un avance importante para otros sectores del colectivo.
Desde el Partido Popular, la diputada María Josefa Martínez de la Fuente ha calificado la iniciativa como una maniobra ideológica que niega la realidad biológica y promueve la confusión jurídica. En su intervención, ha advertido de los riesgos que implica "borrar el sentido común", abrir la puerta a la inseguridad legal y fomentar una visión distorsionada de la condición humana. Asimismo, ha recalcado el compromiso del PP con una legislación basada en el rigor y alejada de los extremos ideológicos.
La diputada de Vox, Raquel Barrero, ha sido aún más tajante al considerar la propuesta una muestra de cómo la izquierda posmoderna ha abandonado sus tradicionales bases sociales para embarcarse en agendas identitarias. Ha afirmado que este tipo de medidas no responden a una protección real de derechos, sino a una imposición ideológica ajena a las prioridades del conjunto de la ciudadanía, especialmente fuera del marco occidental.
Por su parte, el PSOE ha optado por la abstención. La diputada socialista María Tatiana Jiménez ha recordado que la competencia para el reconocimiento legal del género recae en el Registro Civil, dependiente del Estado. Ha expresado su respeto por las reivindicaciones planteadas, pero ha advertido sobre las posibles incongruencias con la normativa vigente y las implicaciones legales en cuanto a Protección de datos y compatibilidad entre documentos oficiales. Ha defendido la necesidad de garantizar avances con plena seguridad jurídica y dentro del marco competencial establecido.
