Madrid registra 1.389 viviendas ‘okupadas’ en venta, el 2,3% del total en el mercado
La ciudad de Madrid contaba con 644 viviendas ‘okupadas’ en venta en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa el 2,3% del total de inmuebles a la venta en el municipio. Si se amplía el foco a toda la provincia, la cifra asciende a 1.389, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista. Con este dato, Madrid se sitúa como la segunda ciudad española con mayor número de viviendas en esta situación, solo por detrás de Barcelona.
A nivel nacional, hay 20.464 viviendas ‘okupadas’ anunciadas en venta, lo que supone el 2,6% del total de la oferta inmobiliaria del país. Ocho grandes ciudades concentran el 71% de este mercado opaco, lo que refleja la gravedad del problema en los principales núcleos urbanos. Barcelona lidera el ranking con 723 viviendas, seguida de Madrid, Murcia (390), Málaga (286), Sevilla (272), Valencia (243), Palma (213) y Alicante (176).
En términos relativos, Gerona es la capital más afectada, con un 8,8% de las viviendas en venta en situación de ‘okupación’. Le siguen Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%) y Málaga (3,8%). Barcelona y Santa Cruz de Tenerife también superan el 3%, mientras que Madrid, pese a su volumen absoluto, presenta un porcentaje más contenido, con un 2,3%, por debajo de la media nacional.
Entre las provincias, Barcelona se mantiene a la cabeza con 6.778 viviendas en esta situación. Le siguen Madrid, Murcia, Alicante, Málaga y Girona, todas con más de mil inmuebles ‘okupados’ en el mercado. En el otro extremo, provincias como Soria, Teruel o Zamora registran cifras casi testimoniales. Este desequilibrio territorial agrava aún más la presión en los grandes mercados residenciales, donde la demanda sigue superando ampliamente la oferta.
El portavoz del portal inmobiliario, Francisco Iñareta, ha advertido de que esta realidad representa “un lastre más” para la recuperación de la oferta disponible. Según ha explicado, la existencia de viviendas en venta con ocupación ilegal afecta directamente a la percepción de seguridad jurídica de los propietarios, lo que desincentiva tanto el alquiler como la inversión en el mercado residencial.
