El Defensor del Pueblo denuncia que San Martín de Valdeiglesias lleva años sin tramitar licencias urbanísticas por no tener técnico

El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias tras admitir el municipio que "lleva años sin tramitar solicitudes de licencia, y cabe suponer que tampoco cualquier otro documento de carácter urbanístico, al carecer de técnico, arquitecto o arquitecto técnico que sea funcionario de carrera".

Ya en 2019 la Fiscalía presentó una denuncia por prevaricación urbanística contra la entonces alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias Maria Luz Lastras y el teniente de alcalde Luis Haro porque apreciaba indicios de criminalidad para proceder por "aceptar como buenos los informes técnicos del arquitecto municipal del ayuntamiento que no tenia licencia, ni condición de funcionario de carrera para emitir los informes".

El pasado mes de diciembre, la Guardia Civil detuvo a Lastras, a Haro y a otros miembros del anterior Gobierno local en el marco de una operación desarrollada por delitos de corrupción urbanística. La operación se llevó a cabo por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y actividades prohibidas en relación a diversas irregularidades en concesión de licencias urbanísticas.

En el informe anual del Defensor del Pueblo, presentado este viernes al Congreso de los Diputados, se explica que los excesivos retrasos en los que se está incurriendo para resolver estas solicitudes de licencia "en ningún caso son imputables a los solicitantes y les está provocando serios perjuicios".

El Defensor del Pueblo, por ello, sugirió a la Alcaldía que pusiera esta situación en conocimiento de la Dirección General de Urbanismo y Suelo de la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid y solicitase asistencia técnica y cooperación, a fin de habilitar los medios personales y materiales necesarios para la elaboración y emisión de los correspondientes informes urbanísticos, de forma que puedan resolverse a la mayor brevedad los expedientes de licencias pendientes desde hace años.

El departamento que dirige Ángel Gabilondo recuerda que la Comunidad de Madrid asume las competencias propias de la diputación provincial y, por tanto, desarrolla, en relación con las entidades locales madrileñas, las funciones de coordinación, colaboración y asistencia que la legislación estatal atribuye a las diputaciones provinciales. Así lo establece en los artículos 112.2 y 123 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local, y se refuerza en el artículo 242.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, normas ambas de la propia comunidad.

Pese a que la Sugerencia del Defensor fue aceptada por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, la Administración autonómica descartó esta solución, al entender que "la situación derivaba de un incumplimiento reiterado y dilatado en el tiempo de una obligación legalmente atribuida como propia a las entidades locales, como es la de la organización y aprobación de la plantilla municipal, incluyendo aquellos puestos que han de ser únicamente cubiertos por funcionarios públicos, por razón del desempeño de aquellas funciones que la ley les reserva".

Por tanto, sostenía que el problema de fondo es la ausencia de elaboración, aprobación y aplicación de la relación de puestos de trabajo por parte del Ayuntamiento.

En estos términos, el Defensor del Pueblo formuló una Sugerencia al Consistorio de San Martín de Valdeiglesias para que adoptase las medidas e instrumentos necesarios de forma que, "a la mayor brevedad posible, pudiera elaborarse dicha relación de puestos de trabajo del personal municipal, en la que quedase determinado el puesto de arquitecto con la naturaleza de funcionario". Hasta la fecha no se ha recibido respuesta del ayuntamiento sobre su aceptación o no de esta petición.

DILACIONES URBANÍSTICAS

Menos graves pero también perjudiciales para muchos vecinos son dilaciones urbanísticas en algunos municipios, como la paralización de la ejecución urbanística por el sistema de compensación de un sector en el municipio de Parla o el retraso en la gestión urbanística de un sector en Aguilar de la Frontera (Córdoba), entre otros.

El Defensor del Pueblo también ha mencionado en este apartado las actuaciones que, desde 2019, se han seguido con el Ayuntamiento de Madrid, a instancia de una ciudadana que denunciaba los graves daños que estaba sufriendo su vivienda, a causa de los retrasos que se estaban produciendo en la ejecución urbanística del ámbito en el que está situada y cuyo sistema de actuación es el de expropiación.

En 2021, las actuaciones de esta Institución han ido dirigidas a que el Ayuntamiento matritense dictase resolución expresa y motivada sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial que había presentado la interesada en 2020. El Defensor formuló una Sugerencia en ese sentido, que fue aceptada por la entidad local.