El silencio cómplice de los partidos que sostienen a Sánchez
En 2018, Pedro Sánchez lideró una moción de censura contra Mariano Rajoy, argumentando que la corrupción en el Partido Popular (PP) había alcanzado niveles intolerables. La sentencia del caso Gürtel, que señalaba la existencia de una "estructura de contabilidad y financiación ilegal" en el PP, fue el detonante que permitió a Sánchez obtener el apoyo necesario para desbancar a Rajoy y asumir la presidencia del Gobierno.
Hoy, el panorama político español se ve sacudido por las declaraciones de Víctor de Aldama, quien acusa al actual Ejecutivo de prácticas corruptas que implican directamente al Presidente Sánchez y a varios de sus ministros. Aldama ha afirmado haber entregado sobres con dinero a altos cargos y ha señalado que Sánchez estaba al tanto de estas operaciones. Aunque el presidente niega categóricamente estas acusaciones, la gravedad de las mismas exige una respuesta contundente.
Resulta especialmente alarmante el silencio de los partidos que sostienen al actual Gobierno, entre los que se encuentran Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNV, el BNG, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Sin embargo, no todos ellos respaldaron la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. En aquel momento, los partidos que apoyaron a Sánchez fueron: el PSOE, Unidos Podemos (hoy dividido en Sumar y Podemos), ERC, PDeCAT (actualmente sustituido por Junts), Compromís, EH Bildu, Nueva Canarias y el PNV.
Este dato evidencia dos cosas: primero, que muchos de los actuales apoyos de Sánchez (ERC, EH Bildu, PNV y Nueva Canarias) participaron tanto en la moción de censura de 2018 como en su investidura; y segundo, que otros actores, como Junts, el BNG y Coalición Canaria, se han sumado al bloque de apoyo en esta nueva etapa.
La situación plantea una pregunta ineludible: ¿por qué estos partidos no aplican los mismos estándares de exigencia que en 2018? Si entonces consideraron que la corrupción era motivo suficiente para desalojar a un presidente, ¿por qué ahora guardan silencio ante acusaciones igualmente graves?
En especial, resulta incoherente la posición de quienes participaron en ambas votaciones, como ERC, EH Bildu, el PNV y Nueva Canarias. Al mismo tiempo, los nuevos aliados como Junts y el BNG deberán justificar por qué sostienen a un gobierno bajo sospecha de corrupción, cuando la lucha contra estas prácticas debería ser un principio innegociable.
Es imperativo que estos partidos reflexionen sobre su posición y actúen en consecuencia. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni estar sujeta a intereses partidistas. La ciudadanía merece líderes que apliquen los mismos estándares de exigencia, independientemente de quién ocupe el poder. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que la política sirva al bien común y no a intereses particulares.
