Una vecina de Vicálvaro recupera su vivienda tras cuatro años de impagos y un largo proceso judicial

Victoria Palomares, una mujer de 89 años residente en Vicálvaro, ha logrado recuperar este miércoles la vivienda que tenía alquilada tras más de cuatro años de pagos parciales e impagos por parte de los inquilinos. La propiedad, en un estado inhabitable y sin apenas mobiliario, será vendida de inmediato para costear los cuidados de la anciana, según ha indicado su hija, Vicky Serrano.

"Lo único que queríamos era poder descansar", ha señalado Serrano, satisfecha porque el desahucio ordenado por el juzgado se ha efectuado sin incidentes.

El apoyo de VOX y la crítica a las políticas de vivienda

Hasta el lugar del desalojo se ha desplazado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, quien ha respaldado a las afectadas y ha cargado contra "los gobiernos del PP y del PSOE" por lo que considera un "blindaje a los okupas".

"La okupación es una consecuencia de la Ley de Vivienda y de las nefastas leyes aprobadas por ambos partidos", ha manifestado Pérez Moñino, asegurando que estas normativas están reduciendo la oferta de alquiler en España por la inseguridad jurídica que generan para los propietarios.

A pesar de que los datos ofrecidos en febrero por el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, reflejan una caída del 50% en el número de viviendas ocupadas en la región con respecto a 2023, la portavoz de Vox ha advertido que sigue siendo un "problema muy grave".

Pérez Moñino ha exigido a las administraciones que faciliten vivienda social a quienes realmente lo necesiten, pero "con prioridad nacional". "Las personas que cumplen, que trabajan y que están cotizando en nuestro país tienen que tener prioridad. Si se miran los beneficiarios de las ayudas sociales al alquiler en la Comunidad de Madrid, vemos que Mohamed está por delante de Antonio o de Mari Carmen", ha afirmado.

Cuatro años de lucha para recuperar la vivienda

Los problemas para Palomares y su hija comenzaron a finales de 2020, cuando los inquilinos dejaron de pagar los 500 euros mensuales de renta y comenzaron a abonar cantidades parciales. Para 2021, la deuda ascendía ya a 4.500 euros.

Tras varios intentos fallidos de conciliación con la inquilina original, madre e hija optaron por la vía judicial en mayo de 2022. Sin embargo, el proceso se alargó hasta este miércoles, cuando finalmente el desalojo se llevó a cabo.

Hace tres semanas, Serrano supo por vecinos que la inquilina original había abandonado la vivienda y se la había dejado a otras personas, lo que aumentó su preocupación ante un posible retraso en la recuperación del inmueble.

Finalmente, los ocupantes ilegales abandonaron el domicilio sin resistencia, cargando sus pertenencias en una furgoneta y asegurando que ya cuentan con otra alternativa habitacional.