Las obras de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas comenzarán el próximo trimestre
La Comunidad de Madrid tiene previsto iniciar en este próximo trimestre la construcción de la Ciudad de la Justicia, tras conocerse este miércoles en el Consejo de Gobierno la propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras. Este paso marca el arranque definitivo de un proyecto clave para el sistema judicial madrileño, con una inversión total de 4,8 millones de euros para esta fase inicial.
El Ejecutivo regional invertirá en total 653 millones de euros en este ambicioso recurso público, de los que 88,5 millones se ejecutarán a lo largo de este año. Con cerca de 500.000 metros cuadrados construidos, la futura Ciudad de la Justicia será el mayor complejo judicial del mundo y permitirá unificar en un solo recinto las 26 sedes judiciales actualmente dispersas por la capital. La nueva ubicación, en una parcela de 132.000 metros cuadrados en el barrio de Valdebebas, ha sido diseñada con previsión de crecimiento para las próximas cuatro décadas.
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La edificación se llevará a cabo en dos grandes lotes. El primero, con una inversión prevista de 195 millones de euros, albergará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial en sus órdenes Civil y Penal, servicios administrativos polivalentes, una plaza de acceso urbanizada y un aparcamiento público con 2.900 plazas, además de un estacionamiento adicional con 462 plazas reservado para jueces, magistrados y letrados.
El segundo lote, con un presupuesto de 458 millones, estará destinado a acoger las distintas jurisdicciones –Civil, Penal, Social y Contencioso-Administrativo– así como la Fiscalía, archivos judiciales, depósitos, dependencias de seguridad y otras instalaciones auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento del complejo.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que esta nueva infraestructura permitirá concentrar y modernizar los servicios judiciales de la región, incrementando su eficiencia y mejorando las condiciones laborales de los profesionales de la justicia. Además, se trata de una apuesta decidida por la planificación a largo plazo, con espacios reservados para la ampliación futura de la planta judicial.
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