Dávila: “El Gobierno se ha convertido en el último transportista de las mafias”
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este lunes lo que considera una “política de regularizaciones masivas” por parte del Gobierno de España, así como la falta de transparencia y coordinación en materia de inmigración. Lo ha hecho antes de participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración, celebrada en el Ministerio de Inclusión, donde ha lamentado que se les haya negado debatir uno de los puntos más preocupantes: la cesión de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña.
"Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular vamos a exigir hoy una Conferencia Sectorial extraordinaria para abordar esta cuestión, que supone un menoscabo para todas las autonomías y un riesgo para la seguridad nacional", ha advertido Dávila. En su opinión, la reciente negociación del Gobierno central con Cataluña en esta materia vulnera el principio de igualdad entre territorios y compromete competencias que afectan a la soberanía y a la integridad del Estado.
La consejera madrileña ha denunciado además que estas reuniones sectoriales “siempre vienen troceadas”, y que el Ministerio de Inclusión actúa con opacidad, ocultando información y desoyendo sistemáticamente las propuestas de las comunidades autónomas. “Lo llaman gobernanza, pero no existe en ningún sentido real”, ha afirmado, insistiendo en que la voz de las regiones no es tenida en cuenta en las decisiones estratégicas del Ejecutivo.
Entre las propuestas rechazadas por el Gobierno, Dávila ha recordado que Madrid pidió la incorporación de criterios objetivos a la hora de conceder permisos de residencia, como la existencia de antecedentes penales, informes vinculantes de las comunidades sobre el grado de implicación e integración del solicitante en la sociedad española, y el seguimiento de sus conductas, especialmente cuando estas son delictivas o inadecuadas.
Dávila ha subrayado que el actual sistema de acogida, lejos de ser un modelo solidario y ordenado, constituye un entramado improvisado y sin planificación, en el que el Estado actúa como “mero transportista de las mafias”, trasladando a las personas “como si fueran paquetes” para luego dejarlas abandonadas a su suerte. “La Comunidad de Madrid no va a ser cómplice de esta situación”, ha asegurado con rotundidad, exigiendo al Ejecutivo central un plan nacional serio, financiación suficiente y verdadera coordinación con las autonomías.
La consejera también ha hecho referencia al drama humano de los inmigrantes que mueren en el mar, advirtiendo de que la ausencia de medidas firmes solo alienta a las mafias que trafican con personas. Frente a ello, ha defendido la necesidad de políticas de inmigración responsables, respetuosas con la ley, que garanticen la seguridad de los españoles y la verdadera integración de quienes llegan legalmente al país.
