El Ayuntamiento aprobará el Plan Reside antes del verano para ordenar las viviendas turísticas
El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida prevé aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que articula el Plan Reside entre los meses de abril y mayo, una vez obtenida la evaluación ambiental preceptiva. Así lo ha confirmado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante la comisión del área.
El Plan Reside tiene como objetivo ordenar el uso urbanístico residencial y terciario ante el crecimiento de las viviendas de uso turístico (VUT), optando por un modelo de concentración de estas actividades en edificios exclusivos, con el fin de reducir los conflictos de convivencia vecinal. Carabante ha defendido que esta nueva regulación responde a una demanda reiterada por parte de los vecinos, cansados de los problemas derivados del uso mixto en fincas residenciales, amparado por la normativa vigente desde el anterior mandato.
Durante la sesión, la concejala de Más Madrid Esther Gómez ha cuestionado el impacto del Plan Reside sobre la vivienda y el comercio de proximidad. Ha señalado que desde 2019 han cerrado más de 40.000 locales en los barrios de Madrid y ha advertido que la aplicación del nuevo plan podría derivar en un aumento del número de viviendas turísticas, expulsando a vecinos y comerciantes del centro de la ciudad.
Gómez ha calificado el proyecto como un “plan expulsa” que, a su juicio, “no va a solucionar el problema de la vivienda” y contribuirá al deterioro del tejido comercial tradicional. Asimismo, ha criticado el expediente económico elaborado por el Ayuntamiento, cuestionando la falta de garantías sobre su viabilidad y equilibrio para los barrios.
El delegado de Urbanismo ha replicado con contundencia a las críticas de la oposición, acusando a Más Madrid de haber impulsado en 2019 un plan con un estudio económico “carente de rigor”. Frente a ello, ha defendido el nuevo expediente económico del Plan Reside, que, según ha afirmado, refleja un “impacto positivo, sobre todo social”, además de beneficios económicos derivados de una mayor claridad normativa y de la especialización de usos en determinadas zonas de la ciudad.
Carabante ha insistido en que el objetivo del Gobierno municipal es “ordenar la actividad” para garantizar la convivencia entre residentes y quienes ejercen actividades económicas ligadas al turismo.
