Multinacional de la desvergüenza
Cuando el llamado caso "Koldo" empezó a permear en la opinión pública hubo un sonoro rasgado de vestiduras en La Moncloa y en Ferraz. Con reacción judicial y política. Por un lado, querella contra el empresario Aldama, cuyas deposiciones apuntaron por elevación. Y por otro, Pedro Sánchez sentenció: "No podemos consentir que un delincuente marque la agenda política" (poco recorrido tuvo ese argumento porque alguien le debió recordar su singular apareamiento parlamentario con un ilustre delincuente, Carles Puigdemont).
Todo o casi todo de lo que dijo Aldama se ha ido confirmando en lo que respecta al exministro Ábalos, ya a disposición del Tribunal Supremo. Nos recuerda cada vez más el caso de Luis Roldán, juzgado y condenado en los años noventa del siglo pasado. Si en aquel caso se resintió la imagen de la Guardia Civil, en este le debemos, como policía judicial, una rigurosa inmersión en el trasfondo patrimonial del que fuese ministro de Sánchez y secretario de Organización del PSOE.
Por las declaraciones de Aldama y el rastreo de los más de cien dispositivos móviles incautados por la UCO en la llamada operación "Delorme", ya sabemos de la multinacional de la desvergüenza formada en torno a Ábalos desde que un Sánchez recién llegado a la Moncloa le pusiera al frente del poderoso brazo inversor del Estado (Ministerio de Fomento). También sabemos ya por qué su última declaración de bienes como diputado no coincide con la realidad.
Y, en fin, ahora ya nos hacemos una idea sobre cómo creció el patrimonio de los tres personajes centrales de la trama y cómo operaba la furtiva complicidad del ministro con un virtuoso del comisionismo (Aldama) y un pícaro de discoteca con funciones polivalentes (escolta, administrador, testaferro y servicial recadero) que responde al nombre de Koldo García. Los dos últimos confabulados para que, al ministro, a sus familiares y a sus novias no les faltara de nada. Por cuenta del dinero público, se entiende, para financiar la vida pasional de Ábalos, las transferencias a sus hijos o las compras de propiedades dentro y fuera de España.
Una cuarta figura aparece en esta nube negra. La de Santos Cerdán. Dos supuestos delictivos planean sobre quien sustituyó a Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE. Uno, la sospecha de haber exigido mordidas a cambio de influir en adjudicaciones de obra pública. Y otro, que apunta a un supuesto de financiación ilegal del partido porque la empresaria Carmen Pano (implicada en la trama por el fraude del IVA en el comercio de Hidrocarburos) insiste en sede judicial que, por orden de Aldama, en el año 2020 entregó en la sede del PSOE 90.000 euros, aunque es verdad que no ha aportado pruebas fehacientes y por esto está querellada por el PSOE, donde sostienen que es una calumnia. Ya veremos.
