Ayuso denuncia que Defensa le impide presidir una jura de bandera civil en Alcobendas
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ministerio de Defensa de vetar su participación como presidenta en un acto de jura de bandera para personal civil que tendrá lugar este sábado en Alcobendas. Según fuentes del Gobierno regional, la dirigente madrileña fue invitada hace meses por la alcaldesa del municipio, Rocío García Alcántara, pero el departamento que dirige Margarita Robles ha advertido que, si ella preside el acto, este será cancelado. A pesar de ello, Ayuso ha confirmado su asistencia al evento.
La ceremonia, organizada por la Brigada XII (BRI XII) del Ejército de Tierra, está prevista para este sábado a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Alcobendas. Se trata de una jura de bandera abierta a civiles, en la que los ciudadanos pueden expresar públicamente su compromiso con España. El Ayuntamiento ha recordado que esta será la cuarta vez que se celebra una jura de estas características en la localidad, tras las realizadas en 2007, 2012 y 2014, coincidiendo con el Día de la Constitución.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado la actitud del Ministerio y ha defendido que el Ejecutivo autonómico tiene pleno derecho a participar en actos de esta naturaleza. “El Gobierno regional tiene que estar en los sitios donde le corresponde”, ha señalado, rechazando lo que ha calificado como “polémicas estériles” impulsadas por quienes, a su juicio, buscan “enfangar el terreno de juego político”.
García Martín ha subrayado la importancia de la ceremonia como instrumento para fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y las Fuerzas Armadas. “Nosotros estamos en construir”, ha dicho, recordando que el acto de jura de bandera “es una forma de acercar el trabajo tan importante que realiza el Ejército” a la sociedad civil. La negativa del Ministerio de Defensa a aceptar la presidencia de la dirigente autonómica ha sido interpretada desde el Gobierno regional como una decisión política injustificada que vulnera la cortesía institucional y desprecia la representación legítima de los madrileños.
