Hacienda pondrá la lupa en contribuyentes con vidas de lujo que no corresponden con lo que declaran
La Agencia Tributaria ha anunciado que en 2025 reforzará el control sobre personas físicas con signos externos de riqueza que resulten incompatibles con la renta o el patrimonio declarado. Este nuevo impulso al control fiscal, recogido en las directrices generales del Plan de Control Tributario publicadas en el Boletín Oficial del Estado, incluye un mayor escrutinio sobre el uso fraudulento de sociedades instrumentales, la simulación de arrendamientos o préstamos ficticios, y la ocultación de activos bajo estructuras diseñadas para encubrir el verdadero nivel de ingresos.
Se trata de actuaciones dirigidas a contribuyentes que, sin declarar grandes patrimonios, mantienen un estilo de vida elevado que no guarda relación con sus declaraciones tributarias. En estos casos, la Inspección se centrará en desmontar dichas estructuras y atribuir como renta personal todos aquellos gastos e inversiones disfrutados a título exclusivo, pero declarados por sociedades con fines defraudatorios.
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El plan prevé también la intensificación de controles sobre artistas y deportistas no residentes que no tributen adecuadamente por sus rentas, así como sobre contribuyentes que utilicen sociedades pantalla para desviar beneficios. En este contexto, se vigilarán especialmente las denominadas infrarretenciones y el uso de ventajas fiscales en reestructuraciones empresariales que oculten alteraciones significativas del patrimonio.
La Agencia actuará con especial firmeza frente a empresarios o profesionales que, pese a operar en sectores donde el pago con tarjeta es habitual, no declaran ingresos por esta vía. Se pondrá el foco además en la emisión de facturas falsas, la simulación de actividades económicas inexistentes y en los receptores de estas facturas que obtienen devoluciones indebidas de IVA o introducen gastos ficticios en sus contabilidades.
El control sobre las operaciones con monedas virtuales se reforzará de forma significativa. La Agencia Tributaria actuará contra aquellos contribuyentes que no declaren las ganancias o rentas derivadas de la tenencia y transmisión de criptoactivos. Asimismo, continuará su labor en sectores propensos a la economía sumergida, intensificando el control de terminales de punto de venta y otros sistemas de facturación pública, y recordando la entrada en vigor de los nuevos requisitos sobre software de facturación para evitar sistemas de doble uso.
En el ámbito del comercio electrónico, se utilizará la nueva información sobre pagos transfronterizos y aduanas, junto al intercambio de datos internacionales en el marco del ‘DAC7’, para detectar infradeclaraciones de IVA y localizar a propietarios e intermediarios de alquileres turísticos.
Entre las novedades para facilitar el cumplimiento voluntario destaca la introducción progresiva del pago a través de Bizum, incluso en contextos de asistencia telefónica o presencial, y la ampliación del pago con tarjeta en entornos seguros. La Agencia también simplificará el lenguaje de más de cuatro millones de documentos anuales y habilitará nuevos asistentes virtuales para ayudar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones censales.
Este año se pondrá en marcha la modalidad ‘Renta Directa’, destinada a declaraciones de IRPF sencillas, y se iniciará el estudio de proyectos que aplican Inteligencia Artificial en la asistencia al contribuyente, con medidas como la cita telefónica en el mismo día. Además, se avanzará en la remisión anticipada de comunicaciones a posibles no declarantes del IRPF y en la posibilidad de corregir errores mediante declaraciones complementarias previamente calculadas por la Administración.
En el ámbito recaudatorio se intensificará el control preventivo sobre el riesgo de cobro vinculado a delitos fiscales y contrabando, con nuevos procedimientos de embargo más ágiles y adecuados a la inmediatez de estos procesos. El nuevo Equipo Nacional de Procedimientos Concursales impulsará la detección de concursos fraudulentos y se pondrá especial atención a los deudores que recurren a vaciamiento patrimonial, sociedades refugio o vínculos exteriores para aparentar insolvencia y evitar el cumplimiento de sus obligaciones.
