El Ayuntamiento de Madrid da por acreditada la estafa en el caso de las mascarillas
La representación legal del Ayuntamiento de Madrid ha concluido en su informe final del juicio por el caso de las mascarillas que quedó probada la estafa cometida por Luis Medina y Alberto Luceño. Según el Consistorio, los acusados ocultaron datos en marzo de 2020 para facilitar la venta de material sanitario defectuoso por un total de once millones de euros.
La vista oral, que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, finalizará este jueves con las intervenciones de las acusaciones populares, representadas por el PSOE y Más Madrid, y las conclusiones de la defensa. Una vez que los procesados ejerzan su derecho a la última palabra, el juicio quedará visto para sentencia tras ocho sesiones.
El fiscal mantiene la petición de hasta 15 años de prisión
Durante la sesión de este miércoles, el fiscal, el abogado del Estado y la abogada del Ayuntamiento han expuesto sus conclusiones. El ministerio público ha ratificado su petición de nueve y quince años de prisión para los acusados por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal, además de la inhabilitación para el ejercicio del comercio durante el tiempo de condena.
La abogada del Consistorio ha insistido en que se ha acreditado el "engaño" que constituye la estafa, recordando la declaración de Elena Collado, jefa de compras del Ayuntamiento en la pandemia. Según su testimonio, los acusados aseguraron que actuaban de forma altruista y que no cobrarían comisiones, lo que contrasta con los datos probados durante el juicio.
Comisiones millonarias y un "pelotazo" en plena pandemia
El fiscal ha considerado probados los hechos y ha resaltado que el ánimo de lucro de los acusados es evidente, basándose en pruebas como Correos en los que se refieren a la operación como un "pelotazo" o con expresiones como "pa la saca".
Las comisiones cobradas por Medina y Luceño alcanzaron el 149% en la venta de mascarillas, el 244% en los test y el 426% en los guantes. "Es difícil encontrar mayor ánimo de lucro en este tipo de operaciones", ha afirmado el fiscal.
Además, ha subrayado que el engaño quedó demostrado con la ocultación de las comisiones y la falsa afirmación de que actuaban sin ánimo de lucro. En un correo del 22 de marzo de 2020, Elena Collado manifestó que los intermediarios no cobrarían por la operación, convencida por la información que le trasladaron los acusados.
Por último, el fiscal ha señalado que los acusados no tenían experiencia en comercio exterior, pese a haber afirmado lo contrario. "El precio se incrementa para aprovecharse de las circunstancias, lo que es un elemento nuclear del engaño", ha concluido.
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